Educación, Desarrollo Social y el Servicio de Protección Especializada acordaron mecanismos de coordinación para detectar situaciones de riesgo y apoyar la continuidad educativa de niños y adolescentes.

En una sala de clases puede aparecer una señal que va mucho más allá de lo académico. Un cambio en la asistencia, una situación familiar compleja o una vulneración de derechos pueden requerir la intervención de distintas instituciones. En el Maule, un nuevo convenio busca que esa respuesta sea más coordinada.

El acuerdo fue suscrito por las seremías de Desarrollo Social y Familia y Educación, junto al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, durante una sesión de la Comisión Coordinadora de Protección regional.

La medida establece mecanismos para facilitar el intercambio oportuno y seguro de información entre los organismos involucrados, incluyendo las Oficinas Locales de la Niñez y los programas de protección.

Del aula a la red de protección

El establecimiento educacional puede ser uno de los primeros lugares donde se advierte que un niño o adolescente está atravesando una dificultad. Por eso, uno de los objetivos del convenio es fortalecer el vínculo entre Educación y los organismos responsables de la protección.

“Este acuerdo nos permitirá actuar oportunamente y entregar los apoyos que cada estudiante necesite para continuar con su proceso educativo”, explicó el seremi de Educación, Cristián Letelier.

La coordinación apunta especialmente a aquellos casos en que una situación de vulneración de derechos pueda afectar también la trayectoria educativa del estudiante.

Para Pablo Olivares, seremi de Desarrollo Social y Familia, el desafío es evitar que las instituciones lleguen tarde frente a una situación que requiere protección. El convenio, señaló, busca reducir las barreras entre organismos y favorecer respuestas conjuntas.

Proteger también significa cuidar los datos

La coordinación entre instituciones plantea también una responsabilidad: proteger la información personal de niños y adolescentes.

Por ello, el intercambio de antecedentes contemplado en el acuerdo deberá realizarse bajo criterios de confidencialidad y seguridad. La información solo podrá utilizarse para los fines de protección y coordinación definidos por las instituciones participantes.

Daniel Smith, director regional (s) del Servicio Nacional de Protección Especializada, destacó que contar con antecedentes oportunos puede contribuir a entregar una respuesta más adecuada a quienes están bajo protección del Estado.

El convenio marca así un paso en la construcción de una red de trabajo más conectada. En la práctica, el objetivo es sencillo de explicar, aunque complejo de llevar adelante: que cuando un niño o adolescente necesite apoyo, las instituciones que pueden ayudar tengan la información necesaria, actúen coordinadamente y acompañen su proceso sin perder de vista su derecho a seguir estudiando.