El caso abrió una investigación para determinar qué ocurrió con fondos regionales y si existen responsabilidades. El Gobierno Regional asegura haber entregado los antecedentes disponibles y anunció acciones para proteger los recursos y buscar su eventual recuperación.
¿Qué ocurrió con los recursos públicos involucrados y quiénes podrían tener responsabilidad? Son algunas de las preguntas que deberá responder la investigación actualmente en desarrollo.
El caso llevó al Gobierno Regional del Maule a entregar antecedentes al Ministerio Público, la Policía de Investigaciones y otros organismos competentes, con el propósito de aportar información que permita establecer cómo se produjeron los hechos.
La situación también contempla medidas judiciales orientadas a resguardar los recursos involucrados y procurar su recuperación, en caso de que la investigación determine que corresponde hacerlo.
Uno de los puntos planteados por la autoridad regional es la fecha en que se habrían originado los hechos. Según la declaración pública, estos son anteriores a la actual administración regional, por lo que se busca separar temporalmente el origen de la situación de las acciones adoptadas una vez que las autoridades tomaron conocimiento de los antecedentes.
Ahora, la tarea principal corresponde a los organismos investigadores, que deberán determinar qué sucedió, establecer eventuales responsabilidades y precisar si hubo un perjuicio para los recursos públicos.
Desde el Gobierno Regional plantearon que la prioridad es que el proceso permita esclarecer completamente los hechos, colaborar con las diligencias y proteger fondos que pertenecen a la comunidad regional.
El desarrollo de la investigación será el que permita establecer, finalmente, si existen responsabilidades administrativas, civiles o penales y qué medidas deberán adoptarse respecto de los recursos involucrados.
