La eventual falta de recursos para las Becas TIC de Junaeb en 2027 abre una discusión sobre acceso a tecnología, educación y brecha digital. El consejero regional Gonzalo Montero plantea que el programa debería ser evaluado y perfeccionado antes de ser eliminado.
La continuidad de la entrega de computadores a estudiantes se instaló en el debate por el Presupuesto 2027. El proyecto presentado por el Ejecutivo no contempla una asignación equivalente para mantener este beneficio, conocido durante años como “Yo Elijo mi PC” y que actualmente se canaliza mediante las Becas TIC de Junaeb.
Más allá de la entrega de un equipo tecnológico, la discusión apunta a lo que significa para un estudiante contar con un computador disponible en su propio hogar. Para muchas familias, adquirir un notebook implica asumir un gasto que puede ser difícil de afrontar, especialmente cuando existen otros costos asociados a la educación.
El consejero regional del Maule Gonzalo Montero llamó a reconsiderar la decisión y planteó que, antes de terminar el programa, debería analizarse cómo actualizarlo y focalizarlo.
“Un computador en el hogar, acompañado de acceso a internet, abre oportunidades reales para estudiar, investigar, realizar trabajos y desarrollar habilidades digitales”, señaló.
Tecnología que también se comparte en el hogar
Uno de los aspectos que destaca Montero es el uso que estos equipos pueden tener más allá del estudiante beneficiado. En numerosos hogares, el computador termina siendo utilizado también por hermanos u otros integrantes de la familia para estudiar, realizar trámites, capacitarse o acceder a información.
El consejero sostiene que el impacto también puede ser educativo y motivacional para los propios estudiantes, especialmente cuando la entrega del equipo es asociada a su trayectoria escolar.
Durante 2026, las Becas TIC beneficiaron a más de 96 mil estudiantes a nivel nacional. La discusión del Presupuesto 2027 deberá determinar si el beneficio tendrá continuidad, será modificado o contará con una nueva modalidad de financiamiento.
Montero reconoce que los programas públicos deben ser evaluados y que los recursos fiscales deben utilizarse de manera eficiente. Sin embargo, plantea que una eventual evaluación debería considerar también el impacto social del beneficio.
“Si una política tiene aspectos que mejorar, la primera alternativa debería ser perfeccionarla, focalizarla y modernizarla”, afirmó.
Una discusión sobre brecha digital
El debate adquiere especial importancia en un escenario donde las herramientas digitales tienen cada vez mayor presencia en la educación. El acceso a plataformas educativas, investigación en línea, programas computacionales y nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, forma parte creciente de las actividades escolares.
Para Montero, el desafío es evitar que las diferencias económicas entre los hogares también se traduzcan en diferencias en el acceso a tecnología.
“A veces se pierde de vista lo que significa un gasto de 300, 400 o 500 mil pesos para una familia”, sostuvo, planteando que la discusión presupuestaria debería considerar la realidad económica de los hogares de clase media y de sectores vulnerables.
La continuidad de las Becas TIC quedó así ligada a una pregunta más amplia: cómo garantizar que el avance tecnológico en la educación no termine ampliando las brechas entre quienes pueden acceder a estas herramientas por sus propios medios y quienes dependen de apoyos públicos.
