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Cruda mirada de los consumidores a la portabilidad financiera

Cruda mirada de los consumidores a la portabilidad financiera

Personas de ingresos bajos y medios tienen más obstáculos para acceder a este modelo contemplado en la Ley N° 21.236 que tiene por finalidad promover la movilidad de deudas en una misma institución financiera o entre instituciones financieras.

Una encuesta dirigida a conocer el nivel de conocimiento que tienen las personas acerca de la portabilidad financiera, ejecutaron la Organización de Consumidores y Usuarios (ODECU) y la Asociación de Consumidores y Usuarios Nuestro Tiempo de la Región del Maule (ACU NT), financiada por el Fondo Concursable para las Asociaciones de Consumidores del SERNAC.

La Ley N° 21.236 promulgada en junio de 2020, busca promover la portabilidad entre instituciones financieras, o de un producto (servicio financiero) vigente a otro nuevo producto con el mismo proveedor.

La población consultada tiene un bajo conocimiento de la ley.

Asimismo, existen pocos clientes financieros utilizando este beneficio, los que además han estando bajando sistemáticamente desde el último año. En suma, los resultados del estudio concluyen preocupantes señales de impacto real de la ley.

QUIÉNES ACCEDEN

Un 16,5% del muestreo corresponde a personas que intentaron portarse.

Este corresponde al grupo de ciudadanos del quintil superior de ingresos en el país.

Se observa un alto nivel de regresividad de la ley.

Además, la existencia de asimetrías de información respecto a la existencia de la ley se manifiesta en que las personas de mayor nivel de educación, entendido profesionales universitarios y posgraduados tienen un mayor conocimiento de la ley en relación a la gente de más baja calificación.

Es decir, se encuentran en condiciones de tomar decisiones debidamente informadas al momento de definir si entrar al juego de la portación entre oferentes financieros o solicitar portación de sus productos con su proveedor habitual.

Con relación a los productos o servicios portados, un 62% de los consultados prevalecen con solicitud por cambio de proveedor financiero.

Un 75% de quienes intentaron portarse, buscan capturar diferenciales de tasas de interés en créditos hipotecarios.

Lo anterior, sumado al perfil de altos ingresos de quienes efectivamente terminan portándose son señales de lo regresivo de la ley, por lo cual merece una especial atención de la autoridad financiera.

CRÉDITOS

De acuerdo a especialistas sectoriales, desde el último trimestre de 2021, se registró una fuerte restricción a las  condiciones de otorgación de créditos por parte de las instituciones financieras.

Aquello por la caída en liquidez del mercado, lo que ha redundado en mayores tasas de interés asociadas al común de los créditos (incluido el hipotecario).

Así se ha producido una caída en el incentivo de arbitraje del corazón de la ley, haciéndola totalmente inoperante en la práctica.

Del mismo modo, se reveló una evaluación negativa de parte de los clientes en la atención y facilidades que otorgan los proveedores financieros al momento de solicitar información sobre la portación.

Esto de manera independiente de la información pública disponible en las páginas webs, en especial de parte de la banca.

Habida de ejemplo: un 42% de los informantes que pidieron portarse contaron que las instituciones colocaron una serie de trabas a la salida con una deficiente atención o largos y tediosos trámites que cumplir, lejos de lo que dicta la ley.

En tanto, un 23% de los encuestados evaluó bien al proveedor financiero, es decir, respondió en los plazos contenidos en la ley.

NO LO LOGRARON

Otro antecedente interesante del muestreo de portabilidad financiera, es que 1 de cada 3 personas no logró su objetivo.

Le sucedió eso por no recibir una oferta de portación o por no tratarse de un sujeto de crédito, incluso siendo cliente de la misma institución financiera.

Es un punto que refleja lo que está pasando en la actualidad no sólo en cuanto a restricciones de liquidez del mercado de créditos, sino también la realidad de las personas en períodos de crisis, con caídas de ingresos, acceso a puestos de trabajo precarios con bajos salarios, y parte de ellos, corresponde a desempleados.

Como conclusión de dicha encuesta, la Organización de Consumidores y Usuarios (ODECU) y la Asociación de Consumidores y Usuarios Nuestro Tiempo de la Región del Maule (ACU NT), creen y están seguras de sostener que la ley tiene un bajo efecto en las condiciones económicas vigentes en el país.

Seguramente tardará muchos  años siguiendo los pronósticos de analistas, como también en el espíritu de la ley que en la práctica ha operado como un instrumento selectivo y por lo tanto, discriminatorio para la mayoría de los clientes financieros del país.

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